I. Principado de Asturias


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1 núm. 245 de 22-x /6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Empleo, Industria y Turismo Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se inscribe y publica la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias relativa al Convenio Colectivo de la empresa Coverde Cogar, S.L. Visto el fallo de la sentencia n.º 24/2013 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 23 de julio de 2013 y recaída en el procedimiento de impugnación de convenios 44/2013, seguido por la demanda de la Unión General de Trabajadores contra Coverde Cogar, S.L., Marcelino Álvarez Zapico y María del Rosario Rodríguez Rodríguez, resultan los siguientes Hechos Primero. En el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 136, de 13 de junio de 2013, se publica la Resolución de 3 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se ordena la inscripción y publicación del convenio colectivo de la empresa Coverde Cogar, S.L. en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo (código ). Segundo. El 7 de octubre de 2015 se recibe comunicación de la sentencia antes mencionada en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo. Dicha sentencia declara la nulidad del convenio colectivo de la empresa Coverde Cogar, S.L. publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de junio de Fundamentos de derecho Primero. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, y en la Resolución de 14 de agosto de 2015, por la que se delega la competencia del titular de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en el titular de la Dirección General de Trabajo en materia de registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el órgano competente para resolver es el Director General de Trabajo. Segundo. De acuerdo con el artículo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado. Por lo anteriormente expuesto, RESUELVO Ordenar la inscripción en el Registro de Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 23 de julio de 2013, recaída en el procedimiento de impugnación de convenios 44/2013 y relativa al convenio colectivo de la empresa Coverde Cogar, S. L. Oviedo, 8 de octubre de El Consejero de Empleo, Industria y Turismo. P.D. autorizada en Resolución de , publicada en el BOPA núm. 191, de 18-VIII-2015, el Director General de Trabajo.. N.º Autos: Impugnación de convenios 44/2013. Demandante/s: Unión General de Trabajadores UGT. Abogado/a: Marina Pineda González. Demandado/s: Coverde Cogar, S.L., Marcelino Álvarez Zapico, María del Rosario Rodríguez Rodríguez. Abogado/a: Félix Arnáez Criado, Roberto Leiras Montañés, Roberto Leiras Montañés. Magistrado Presidente Ilmo./Ilma. Sr./Sra.: D. Jorge González Rodríguez. Ilmos./Ilmas. Magistrados/as: D.ª María Eladia Felgueroso Fernández. D. Francisco José de Prado Fernández. D.ª Paloma Gutiérrez Campos.

2 núm. 245 de 22-x /6 Sentencia n.º: 24/13. En Oviedo, a veintitrés de julio de dos mil trece. Habiendo visto esta Sala Social del T.S.J. Asturias compuesta por los Ilmos Sres. Magistrados citados, el procedimiento impugnación de convenios 44/2013, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. D.ª María Eladia Felgueroso Fernández. En nombre del Rey, han pronunciado la siguiente Sentencia Antecedentes de hecho Primero. Unión General de Trabajadores UGT presentó demanda de impugnación de convenio contra Coverde Cogar, S.L., Marcelino Álvarez Zapico y María del Rosario Rodríguez Rodríguez, en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, hacía alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba con la súplica de que, tras su legal tramitación se dicte sentencia en la que se acceda a lo solicitado en el suplico de la demanda. Segundo. Que admitida a trámite la demanda, se han celebrado diligencias con el resultado que obra en las actuaciones. Tercero. En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales. Hechos probados Primero. La empresa Coverde Cogar SL tiene su centro de trabajo en Llanera y delegaciones en Mieres y Llanes. Dedica su actividad al transporte de residuos y al alquiler de contenedores y compactadores para la recogida selectiva de residuos, así como compactadores y grúas. Segundo. En las elecciones a los órganos de representación de los trabajadores en la empresa aparece registrada con el número 11086/2012 el acta de elecciones sindicales celebradas en la empresa Coverde Cogar SL, depositada el día 9 de marzo de 2012, en la que aparece elegida como delegada de personal María Saray Corteguera Martínez que había sido la única candidata a dichas elecciones. Tercero. La Delegada de personal cesó en la prestación de sus servicios para la referida empresa y fue dada de baja por la Tesorería General de la Seguridad Social con efectos al 10 de diciembre de Al haber sido la única candidata no había posibilidad de nombrar suplentes, no existiendo desde entonces Delegado de personal en la empresa demandada. Cuarto. El 12 de abril de 2013 se reúne la totalidad de los trabajadores (10) que conforman la plantilla de la empresa Coverde. El motivo es que por parte de la empresa se les ha informado, de forma oficiosa, que desearía iniciar las negociaciones para un Convenio de empresa, y acuerdan: 1.º) Que por parte de los trabajadores no existe inconveniente alguno en mantener las reuniones y trámites tendentes a la negociación de un Convenio de empresa; reconociendo la difícil situación económica atravesando todas las empresas del sector del transporte y especialmente como la nuestra de alquileres de contenedores. 2.º) Que, dado que en la empresa no existe representación legal de los trabajadores, a los únicos efectos de la negociación del Convenio colectivo de empresa, y todo ello conforme a lo establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, nombran como representantes a los siguientes trabajadores: Marcelino Álvarez Zapico con DNI no T. María del Rosario Rodríguez Rodríguez con DNI C. Desde este momento, por todos los trabajadores que conforman la plantilla de la empresa Coverde, se delega en los trabajadores anteriormente indicados su representación en la negociación del Convenio de Empresa. Quinto. El 22 de mayo de 2013, reunida la comisión negociadora del Convenio colectivo, firman el Acta dando por finalizadas las reuniones y por aprobado el Convenio Colectivo de la Empresa. Sexto. Por Resolución de 3 de junio de 2013 se ordena la inscripción del Convenio colectivo de la empresa Coverde Cogar SL en el Registro de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo, dependiente de la Dirección General de Trabajo, publicándose dicho Convenio colectivo en el BOPA de 13 de junio de Séptimo. En el referido Convenio colectivo se establece, en su artículo 2.º, que el presente Convenio colectivo establece las normas básicas y regula las relaciones laborales entre la empresa y las personas trabajadoras..., extendiendo su vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de (artículo 3.º). En el Capítulo III regula la clasificación profesional; en el IV la jornada laboral: jornada de trabajo, descansos, plus de disponibilidad, vacaciones y licencias y permisos; en el Capítulo V el régimen retributivo: niveles salariales, revisión salarial anual, gratificaciones extraordinarias, antigüedad, incentivos por servicios y dietas y en el VI las horas extras y las ayudas asistenciales. Octavo. Con anterioridad a este Convenio colectivo de Empresa en Coverde Cogar SL se venía aplicando el Convenio colectivo de transportes por carretera del Principado de Asturias.

3 núm. 245 de 22-x /6 Noveno. Se celebró sin avenencia conciliación ante el Servicio asturiano de solución extrajudicial de conflictos. Fundamentos de derecho Primero. Por el Sindicato Unión General de Trabajadores de Asturias se formula demanda de impugnación de convenio colectivo por ilegalidad, al entender que los dos trabajadores firmantes del mismo no tienen la condición de representantes legales o sindicales de los trabajadores, careciendo, en consecuencia, de legitimación para negociar o firmar un convenio colectivo. El artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012, establece en su apartado 3.º Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias: a) jornada de trabajo. b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. c) régimen de trabajo a turnos. d) sistema de remuneración y cuantía salarial. e) sistema de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley. g) mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral. Igualmente, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2012, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en sus apartado 4.º, queda redactado del siguiente modo: Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida en las empresas en que existan representantes legales de los trabajadores de un período de consultas con los mismos de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos. En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.

4 núm. 245 de 22-x /6 Finalmente, el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, regula la legitimación en la negociación colectiva declarando: 1. En representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar en los convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité. La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como en los convenios que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, la legitimación para negociar en representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 2 de este artículo para la negociación de los convenios sectoriales. En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico, estarán legitimados para negociar las secciones sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y secreta. 2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores: a) los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. b) los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de Comunidad Autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. c) los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 por ciento de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio. 3. En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar: a) en los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario. b) en los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, la representación de dichas empresas. c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el 10 por ciento de los empresarios, en el sentido del artículo 1.2 de esta Ley, y siempre que éstas den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15 por ciento de los trabajadores afectados. En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad, según lo previsto en el párrafo anterior, estarán legitimadas para negociar los correspondientes convenios colectivos de sector las asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el 10 por ciento o más de las empresas o trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15 por ciento de las empresas o trabajadores. 4. Asimismo estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los sindicatos de Comunidad Autónoma que tengan la consideración de más representativos conforme a lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y las asociaciones empresariales de la Comunidad Autónoma que reúnan los requisitos señalados en la disposición adicional sexta de esta Ley. 5. Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación empresarial que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora. Segundo. La Ley de 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su artículo 84.2 potencia la empresa como ámbito de la negociación colectiva, de conformidad con las finalidades establecidas en su Preámbulo, declarando en su apartado IV, sobre la negociación colectiva lo siguiente: El capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones laborales inadecuado, como ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada. Este tipo de ajuste ha sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que se ha traducido en una menor destrucción de empleo. El conjunto de medidas que se formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa. Con este objetivo son varias las reformas que se abordan....en cuarto lugar, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa.

5 núm. 245 de 22-x /6 La última reforma del mercado de trabajo pretendió hacer más viable la posibilidad del descuelgue, pero, a la luz de los datos de 2011, en un contexto de agravamiento de la crisis económica, no parece que se haya avanzado significativamente en este terreno. La norma estatal no ha garantizado el desbloqueo ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores para dejar de aplicar las condiciones previstas en convenio colectivo. Por ello, en orden a facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, esta Ley incorpora una modificación del régimen del descuelgue para que, ante la falta de acuerdo y la no solución del conflicto por otras vías autónomas, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas. Se trata, en todo caso, de órganos tripartitos y, por tanto, con presencia de las organizaciones sindicales y empresariales, junto con la de la Administración cuya intervención se justifica también en la necesidad de que los poderes públicos velen por la defensa de la productividad tal y como se deriva del artículo 38 de la Constitución Española. La anterior reforma del mercado de trabajo también pretendió incidir en la estructura de la negociación colectiva, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión flexible de las condiciones de trabajo. No obstante, la efectiva descentralización de la negociación colectiva se ha dejado en manos de los convenios estatales o autonómicos, pudiendo impedir esa prioridad aplicativa. La novedad que ahora se incorpora va encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores. Finalmente, con el fin de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos, se introducen cambios respecto a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo. Se pretende, en primer lugar, incentivar que la renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un proceso de renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando ello no resulte posible, se pretende evitar una «petrificación» de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio a un año. Tercero. La interpretación de los anteriores preceptos a la luz del Preámbulo de la Ley 3/2012, por la que se introducen reformas del mercado laboral y en la negociación colectiva, no permite otra conclusión que la argumentada por el Sindicato demandante. En efecto, la legitimación para la negociación colectiva viene atribuida en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores a los representantes legales o sindicales de los trabajadores, esto es, al comité de empresa, los delegados de personal, en su caso, o a las secciones sindicales. La atribución de representación que tanto el artículo 82.3, como el 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, atribuyen a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente, no representa una legitimación para la negociación colectiva, sino para temas concretos y delimitados temporalmente, como recoge expresamente el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, o sea...cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se podrá proceder a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea éste de sector o de empresa..., en las concretas materias establecidas en dicho precepto, debiendo el acuerdo...determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables a la empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. En definitiva, no se alteran las normas establecidas en el artículo 87 sobre la atribución de la legitimación para la negociación colectiva, sino que, conforme dice el Preámbulo de la Ley 3/2012,...en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa. No pueden tener, en consecuencia, los dos trabajadores elegidos por todos los trabajadores de la empresa legitimación para negociar o firmar un convenio colectivo. En este sentido, es doctrina reiterada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la que viene distinguiendo en el ámbito de la negociación colectiva diversos tipos de legitimación, recogiendo la sentencia de 1 de marzo de 2010 lo siguiente: Conviene comenzar recordando, como lo hace, con cita de varias resoluciones anteriores, nuestra reciente sentencia de 3 de diciembre de 2009 que en nuestro ordenamiento se configura un sistema de triple legitimación: la legitimación inicial para negociar la llamada legitimación complementaria, plena o deliberante -para constituir válidamente la mesa negociadora del convenio de eficacia general ; y, finalmente, la legitimidad negociadora, que es la cualidad de los sujetos que entra en juego a la hora de adoptar acuerdos, de tal suerte que solamente alcanzarán eficacia aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada una de las dos representaciones (artículo 87.2 Estatuto de los Trabajadores). La legitimación inicial, es la que se entronca con la representatividad, en los términos previstos en los artículos 37.1 de la Constitución y 82 y 87 del Estatuto de los Trabajadores, y se traduce en que cuantos acrediten la cualidad de representantes de los empresarios o de los trabajadores tienen, en principio, legitimación para negociar, siquiera ello no sea suficiente para suscribir el pacto. La legitimación plena, determinada en cada caso concreto por la dosis de representatividad acreditada pero proyectada ya sobre los ámbitos del convenio y la composición de la mesa negociadora, de tal modo que sólo los legitimados inicialmente pueden ocupar algún puesto en la mesa de negociaciones en proporción a la representatividad real. Y la legitimación negociadora, cualidad de los sujetos que entra en juego a la hora de adoptar acuerdos, alcanzando eficacia solo aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada una de las dos representaciones (artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores).

6 núm. 245 de 22-x /6 No tienen los trabajadores que negociaron con la empresa demandada la condición de representantes de los trabajadores, careciendo, en consecuencia, de la legitimación inicial para negociar, lo que determina, por tanto, la estimación de la demanda en los términos contemplados en el artículo y 3 de la Ley de la Jurisdicción Social, ya que, como en ella se recoge, las normas de legitimación para la negociación colectiva son, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1993, normas de ius cogens que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Fallamos Estimar la demanda formulada por el Sindicato Unión General de Trabajadores de Asturias contra la empresa Coverde Cogar SL, los trabajadores Marcelino Álvarez Zapico y María del Rosario Rodríguez Rodríguez, habiendo sido citado el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de convenio colectivo, declarando la nulidad del Convenio colectivo de la empresa Coverde Cogar S.L. publicado en el BOPA de 13 de junio de Se condena a los codemandados a estar y pasar por esta declaración, remitiéndose esta resolución para su publicación en el BOPA. La interposición de recurso de casación en el orden Social exige el ingreso de una tasa en el Tesoro Público. Los términos, condiciones y cuantía de este ingreso son los que establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los artículos 3 (sujeto pasivo de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5 (devengo de la tasa), 6 (base imponible de la tasa), 7 (determinación de la cuota tributaria), 8 (autoliquidación y pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos). Esta Ley tiene desarrollo reglamentario en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre. Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra la misma cabe recurso de Casación ordinaria para ante la Sala 4.ª del Tribunal Supremo, y que habrá de prepararse en esta Sala en el plazo de 5 días desde la notificación mediante comparecencia escrito de las partes, su abogado o representante, o bien por la mera manifestación de los anteriores al ser notificados. Si el recurrente no fuere trabajador o su causahabiente o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado el depósito para recurrir de 600 euros en Banesto, en la cuenta de este procedimiento con clave 66, debiendo indicar en el campo concepto: 37 Social Casación Ley Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación recurso seguida del código 37 Social Casación Ley Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Están exentos de constituir el depósito el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, así como los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. Pásense las actuaciones a la Sra. Secretaria para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia. Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

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