INFORME FINAL DEL PANEL INDEPENDIENTE PARA LA ELECCIÓN DE COMISIONADOS Y COMISIONADAS PARA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


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1 INFORME FINAL DEL PANEL INDEPENDIENTE PARA LA ELECCIÓN DE COMISIONADOS Y COMISIONADAS PARA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 5 de junio, 2017 Miembros del Panel Nienke Grossman, Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore (Estados Unidos) Miguel Gutiérrez Saxe, Programa Estado de la Nación (Costa Rica) Cecilia Medina Quiroga, jurista, académica y ex miembro del Panel (Chile) Elizabeth Salmón Garate, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) Miguel Sarre Iguíniz, ITAM (México)

2 TABLA DE CONTENIDOS I. INTRODUCCIÓN... 2 II. CRITERIOS Y METODOLOGÍA... 5 A. Criterios de evaluación de las candidatas y los candidatos... 5 B. Metodología... 7 III. EVALUACIONES DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS... 9 Gianella Bardazano Gradin (Uruguaya)... 9 Douglas Cassel (Estadounidense)...12 Carlos Horacio de Casas (Argentino)...17 Joel Hernández García (Mexicano)...23 Flavia Piovesan (Brasileña)...28 Antonia Urrejola (Chilena)...32 IV. RECOMENDACIONES A. El sistema de elección actual y sus deficiencias...38 B. La experiencia de otros órganos de supervisión jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales 40 C. Propuestas para la selección de candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos...43 V. ANEXOS Anexo I. Cuestionario para las candidatas y candidatos a la Comisio n Interamericana de Derechos Humanos...48 Anexo II. Biografías del Panel...51 Anexo III. Organizaciones que respaldan.53 1

3 I. INTRODUCCIÓN En los últimos años, se han intensificado los llamados para reformar los procedimientos de selección de los organismos internacionales, en particular los encargados del seguimiento, la interpretación y la aplicación de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario. Estas iniciativas tienen por objeto garantizar que los miembros seleccionados para estos organismos cumplan los requisitos de calificación establecidos por los instrumentos pertinentes, que los procedimientos de selección sean más abiertos y transparentes, tengan en cuenta la composición general de dichos órganos y mejoren la legitimidad de estas instituciones. En respuesta a estos llamamientos, los Estados han mejorado los procedimientos de selección de manera significativa para varios organismos internacionales, como por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. La preocupación por la visibilidad de las elecciones, los criterios de selección y los procedimientos de selección para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión o CIDH) motivó a la Open Society Justice Initiative, junto con otras organizaciones interesadas, para convocar y apoyar un Panel independiente en 2015, integrado por juristas de renombre con experiencia en el Sistema Interamericano. Su mandato era revisar los procedimientos de selección, ofrecer una evaluación amplia de las calificaciones de los candidatos nominados y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar las futuras elecciones. El Panel de 2015 delineó los criterios por los cuales evaluó a los y las candidatas para la Corte y la Comisión, evaluó a los candidatos individuales por medio de estos criterios y formuló recomendaciones a los Estados para mejorar los procedimientos de selección a nivel nacional y regional. En su evaluación de los candidatos, el Panel de 2015 examinó los materiales escritos presentados por los candidatos en forma de Curriculum Vitae, resúmenes biográficos, datos personales y respuestas a un cuestionario especialmente diseñado distribuido a los candidatos. Cuando estuvo disponible, el Panel examinó las decisiones judiciales, los escritos académicos, las presentaciones en paneles, las publicaciones en los blogs de los candidatos y otra información pública que no requería verificación independiente. Aunque el Panel de 2015 recibió sugerencias de grupos de la sociedad civil en la región sobre recomendaciones para el futuro, optó por no recibir información sobre candidatos específicos. El Informe de 2015 estableció nuevas normas en materia de transparencia y visibilidad para las elecciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y fue respaldado por más de 80 grupos no gubernamentales regionales, universidades y clínicas legales en toda la región. El Informe de 2015 favoreció que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instruyera a su Consejo Permanente, por medio de la resolución AG/RES.2887 (XL VI-O/16), a invitar a todos los candidatos propuestos a la Comisión o a la Corte para que presenten públicamente 2

4 ante el Consejo, su visión, sus propuestas e iniciativas, en el caso de ser elegidos. Además, instó a los Estados a nominar y elegir personas que aseguren una membresía que proporcione equilibrio en términos de género, representación de las diferentes regiones, grupos de población y sistemas legales del hemisferio, garantizando al mismo tiempo las exigencias de independencia, imparcialidad y competencia reconocida en el campo de los derechos humanos. El Informe de 2015 también hizo una serie de recomendaciones adicionales a los Estados, incluido el uso de procedimientos de nominación nacionales abiertos, transparentes y participativos, y el establecimiento de un Comité Asesor para evaluar la idoneidad de los candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien los Estados aún no han adoptado medidas con respecto a estas recomendaciones, en consonancia con la Resolución de la OEA, los Estados nominaron a tres hombres y tres mujeres para servir como Comisionados y, el 5 de mayo de 2017, el Consejo Permanente celebró una sesión pública con todos los candidatos. Además, los seis candidatos participaron en un foro público organizado por la sociedad civil en las oficinas del Diálogo Interamericano el mismo día, y varios respondieron por escrito a las preguntas adicionales presentadas por escrito por la sociedad civil. En preparación para la próxima elección del 21 de junio de 2017 de tres (3) nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Asamblea General de la OEA, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y Open Society Justice Initiative (OSJI) decidieron conjuntamente convocar a este Panel Independiente para la Elección de 2017 de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Panel de 2017). Los objetivos del Panel de 2017, establecidos por las organizaciones convocantes, son: a. Evaluar ampliamente las calificaciones de todos los candidatos de la CIDH presentados por los Estados miembros de la OEA. b. Destacar el proceso por el cual estos candidatos fueron identificados o nominados a nivel nacional, e identificar recomendaciones clave o áreas de mejora. c. Invitar a la sociedad civil y a los medios de comunicación a prestar atención al proceso de selección, a fin de fomentar una mayor rendición de cuentas por parte de los Estados candidatos. Después de esta introducción, el Informe del Panel de 2017 incluye las partes II) Criterios y Metodología, III) Evaluaciones de las Candidatas y los Candidatos, IV) Recomendaciones, y V) Anexos. El Panel de 2017 espera que su evaluación de los y las candidatas de 2017 a la Comisión sea útil para los Estados Miembros de la OEA en su evaluación del cumplimiento de cada uno de los candidatos y las candidatas con los criterios y principios normativos pertinentes y proporcione orientación a los Estados para futuras nominaciones tanto para la Comisión como para la Corte. Además, sobre la base de las respuestas que recibió de la mayoría de los y las candidatas a su cuestionario y de sus declaraciones del 5 de mayo de 2017 en el foro de candidatos y candidatas de la sociedad civil, el Panel espera que los Estados consideren seriamente los pasos para que 3

5 los procedimientos nacionales de nominación sean más transparentes, basados en el mérito y la participación, así como para institucionalizar una evaluación independiente de los y las candidatas a nivel de elecciones internacionales. 4

6 II. CRITERIOS Y METODOLOGÍA A. Criterios de evaluación de las candidatas y los candidatos El artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece: Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. En la actualidad y en consonancia con lo destacado, lo anterior se refleja y refuerza a través del Plan Estratégico de la Comisión, que asume la misión de Estimular la conciencia y promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los Estados de las Américas de acuerdo con los más altos estándares internacionales, a fin de salvaguardar la dignidad de las personas y consolidar el Estado de Derecho y la democracia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen los requisitos mínimos para ser miembro de la Comisión. El Artículo 34 de la Convención, el Artículo 1 (3) del Reglamento de la Comisión y el Artículo 2 (1) del Estatuto establecen que los miembros deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. El Estatuto en su Artículo 8 (1) también establece que la membrecía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión. Además, el Artículo 9 del Estatuto señala los deberes de los miembros de la Comisión en cuanto a su asistencia y servicio como sigue: (1) Excepto impedimento justificado, es deber asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o en cualquier otro lugar al que pudiese haber decidido trasladarse temporalmente. (2) También es un deber formar parte, salvo impedimento justificado, en las Comisiones Especiales, que la Comisión acuerde integrar para el desempeño de observaciones in loco, o para realizar cualquier otro de los deberes que le incumban. Otro referente básico para el Panel es la Resolución AG/RES.2887 (XL VI-O/16) de la OEA aprobada en el 2016 sobre Integración equilibrada en género y con representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 5

7 Humanos. En ésta, se inicia destacando la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integren por personas imparciales, independientes y de reconocida competencia en materia de Derechos Humanos, de acuerdo con los principios de no discriminación, equidad de género y representatividad geográfica, para que continúen cumpliendo adecuadamente sus mandatos, y se resuelve: 1. Alentar a los Estados para que en los procesos de selección de Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando se cumpla con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. 2. Encomendar al Consejo Permanente que, previo a la elección de quienes vayan a desempeñarse como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invite a los candidatos a dichos cargos postulados por los Estados Miembros, a realizar una presentación pública ante el Consejo antes de su elección, en la medida de lo posible a efectos de dar a conocer con mayor profundidad su visión, propuestas e iniciativas en el supuesto de resultar electos. Estas presentaciones deben realizarse, en lo posible, en la misma sesión del Consejo y difundirse lo más ampliamente posible. En virtud de que la labor de un Comisionado/a incluye el conocimiento de peticiones individuales y otras labores cuasi-judiciales, se considerarán los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial del año 2002 que establecen una serie de principios de gran relevancia: independencia, imparcialidad, integridad, decencia, equidad, competencia y diligencia. 1 La definición de independencia incluye aspectos tanto individuales como institucionales. La independencia y la imparcialidad incluyen no sólo evitar un sesgo real o el control por parte de otros órganos, sino también evitar una percepción de una conducta incorrecta o de falta de independencia. Asimismo, este Panel ha tomado en consideración los requisitos y preferencias para puestos similares en otros organismos de derechos humanos. Por ejemplo, el sistema de órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas emitió las Directrices sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en 1 Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, disponibles en 6

8 virtud de tratados de derechos humanos (las Directrices de Addis Abeba) que son aplicadas a los expertos independientes que forman parte del personal de dichos órganos. Dichas Directrices enfatizan la independencia e imparcialidad de los miembros de dichos órganos: los miembros de órganos creados en virtud de tratados no sólo serán independientes e imparciales, sino que además deberán ser percibidos así por un observador razonable. Además, no pueden estar sujetos a dirección o influencia de ningún tipo, o a la presión de su Estado de origen o de cualquier otro Estado o sus organismos, y no deberán buscar ni aceptar instrucciones de nadie en el desempeño de sus funciones. En términos de competencia e idoneidad, el Panel concluyó que el conocimiento y la experiencia del candidato/a respecto de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y del Sistema Interamericano, por ejemplo, mediante un record de publicaciones académicas o experiencia sustancial de trabajo o litigios en el sistema, eran criterios claves. Con respecto a la diligencia, se consideró la capacidad del candidato o candidata para llevar a cabo sus responsabilidades no obstante otras obligaciones y compromisos. Asimismo, se consideraron cualidades complementarias que facilitarían la labor de la Comisión, incluyendo: la capacidad para trabajar en más de uno de los idiomas oficiales de la Comisión; el conocimiento de los diversos sistemas jurídicos que existen en la región; y una amplia exposición y comprensión del entorno político, social y cultural de la región y de sus subregiones. Finalmente, se tomó en consideración si, dada la composición que la Comisión tendrá una vez que se haya efectuado esta última elección, el candidato o la candidata contribuiría a un equilibrio dentro de ese órgano en términos de área de experticia, género, trayectoria profesional (v.g., diplomacia, academia, ONGs, etcétera) y otras formas de diversidad. B. Metodología Para llegar a sus conclusiones, el Panel consideró los materiales escritos presentados por los y las candidatas en el formulario de Currículum Vitae, resúmenes biográficos y datos personales. Si estaban disponibles, se examinaron decisiones judiciales, documentos académicos, ponencias, publicaciones en blogs de los candidatos y cualquier otra información pública que emanara de una fuente oficial o del propio candidato. También formó parte de la evaluación las respuestas a un cuestionario que se les envió, diseñado para poder apreciar cómo se cumplían, respecto de cada uno, los requisitos legales y adicionales mencionados anteriormente. Este cuestionario se encuentra en Anexo A de este Informe. Se envió una carta a organizaciones de la sociedad civil y se remitió un comunicado de prensa en los que además de anunciar la creación del Panel se brindó un espacio para recepción de información vía correo electrónico por parte de organizaciones de la sociedad civil y opinión pública en general. En aras de la transparencia y debido 7

9 proceso, estas comunicaciones fueron transmitidas a los candidatos/as aludidos, para su conocimiento, a fin de dar oportunidad de respuesta. El Panel no pudo considerar comunicaciones recibidas fuera del plazo establecido. Se consideraron finalmente las presentaciones públicas y respuestas de los y las candidatas en el marco de la sesión del Consejo Permanente el 5 de mayo de 2017 en cumplimiento a la resolución mencionada con anterioridad y en el foro público convocado por sociedad civil el mismo día en Washington, DC. Para completar de mejor forma la información sobre la cual se iba a construir la evaluación, el Panel hubiera deseado celebrar entrevistas con los y las candidatas; sin embargo, por razones de tiempo y disponibilidad, ellas no pudieron ser concretadas. El Panel no se apoyó en información que no haya podido corroborar dentro del plazo y en el margen de los recursos otorgados. Todas las conclusiones y decisiones del Panel han sido alcanzadas por consenso. 8

10 III. EVALUACIONES DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS Gianella Bardazano Gradin (Uruguaya) Nominada por la República Oriental del Uruguay Gianella Bardazano Gradin es integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y Docente y Profesora Agregada en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, especializada en temas de derechos humanos y su relación con la administración de justicia, sistemas penales, y políticas de drogas. A. Antecedentes y Reconocida Competencia Gianella Bardazano Gradin es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y Magister en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad. Actualmente es candidata a Doctora en Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). Su carrera como jurista se ha desarrollado en el campo de la Filosofía y de la Teoría del Derecho. Es docente desde el 2001 y profesora agregada desde el 2015 en la Universidad de la República; a partir del año 2013, integra el Comité Académico del Diploma de Especialización en Políticas de Drogas en la Facultad de Ciencias Sociales. Adicionalmente, desde el año 2005, integra el Consejo Directivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) trabajando en temas de administración de justicia, sistemas penales y derechos humanos y coordinando el área de políticas de drogas y derechos humanos. De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional, la candidata demuestra tener competencia en varias áreas del derecho internacional de los derechos humanos, las cuales ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en sus actividades en organizaciones de la sociedad civil. Estas áreas incluyen la administración de justicia, sistemas penales y derechos humanos, las políticas de drogas y su impacto en los derechos humanos, así como su impacto en los sistemas carcelarios. En estas actividades, Bardazano Gradin ha trabajado no sólo en la situación de Uruguay sino de toda la región. Por otra parte, ha colaborado en la implementación legislativa y jurisdiccional de los procesos de memoria, reparación y determinación de responsabilidades penales en relación a las violaciones ocurridas durante la dictadura en su país. Su militancia en movimientos de la sociedad civil es amplia. Su pertenencia de más de diez años a IELSUR, una reconocida organización de derechos humanos, con redes regionales y universales, demuestra su compromiso y experiencia en el sistema de protección de los derechos humanos. El curriculum de Bardazano Gradin lista 14 publicaciones desde el año 2006, tratando varios de los temas previamente mencionados. Los artículos académicos que ha escrito dan cuenta de su solidez jurídica. Sobre conocimiento de sistemas legales diversos, indica en las respuestas a su cuestionario que ha estudiado la legislación sobre las 9

11 drogas en varios países de habla hispana y portugués del hemisferio. Bardazano Gradin señala que, aparte de su idioma nativo, el español, lee y comprende inglés sin dificultades. En sus respuestas a preguntas durante las sesiones del Consejo Permanente de la OEA y frente sociedad civil, el 5 de mayo del 2017, intervino solamente en español. Los artículos listados en respuesta al cuestionario están escritos exclusivamente en español. En términos de los desafíos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos, Bardazano Gradin acentúa en la necesidad de fortalecer la independencia y autonomía de los sistemas de justicia en la región. Estima que éste es un asunto crítico para la consolidación de la democracia y la prevalencía del Estado de Derecho sosteniendo que los problemas de la justicia en la región se encuentran en la raíz de la falta de aplicación a nivel local de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones del SIDH, lo que provoca una inflación de casos que tensionan a un sistema de protección subsidiario distrayendo la atención de la atención a los situaciones más graves. Aboga también por la cooperación entre la Comisión y la Corte Interamericanas, así como con el sistema universal, para buscar soluciones a largo plazo que sean la respuesta a diagnósticos conjuntos. Estima que el financiamiento de la Comisión debe realizarse a través del Fondo Regular de la OEA. Refiriéndose al Plan de Desarrollo Estratégico, estima que refleja una visión realista de la situación, pero le preocupa, por una parte, que las soluciones necesariamente demorarán un largo tiempo en implementarse y, por otra parte, que quizás el Plan no evalúa lo suficiente el impacto que tendrán las nuevas relatorías en una Comisión con tan escasos recursos. B. Elevado carácter moral, independencia e imparcialidad No se encontró nada en el récord público que indicara cualquier sanción, amonestación, o falta ética. Por otra parte, frente a un eventual periodo de Comisionada, afirmó que [e]n la medida en que me lo permita el trabajo de la CIDH, continuar[ía] con la enseñanza universitaria, la investigación académica y el relacionamiento con las organizaciones de sociedad civil. La candidata indicó que no tiene ninguna dificultad o desacuerdo con la proposición de que no deberá manifestar ni mostrar que tolera parcialidades o prejuicios en el desempeño de sus funciones, en caso de ser elegida Comisionada. C. Integración Equilibrada Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de Derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue 10

12 académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicatura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal. Bardazano Gradin es una académica especializada en teoría y filosofía del Derecho y, además, está involucrada en políticas públicas en el tema de drogas y sistema carcelario. En su respuesta al cuestionario, destaca que su experiencia como académica y como abogada de una organización no gubernamental de derechos humanos puede impactar positivamente en los informes y recomendaciones en sí mismos y en el proceso previo a su adopción, así como en la legitimación de la CIDH (y del mandato del sistema interamericano, en definitiva), con puntos de vista diversos. Adicionalmente, como señaló el representante de Uruguay en la presentación de los candidatos frente al Consejo Permanente, el 5 de mayo del 2017, sería la segunda persona de nacionalidad uruguaya que tendría la oportunidad de servir como Comisionado/a en la CIDH. De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, es posible apreciar que la candidata cumple el requisito de reconocida competencia en materia de derechos humanos. D. Proceso de Selección Las vacantes de la Comisión se dieron a conocer a la sociedad civil organizada a través de la difusión pública sobre vacantes y candidaturas a organizaciones internacionales. Un grupo de organizaciones propuso su nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores. E. Conclusiones En opinión de este Panel, dadas las respuestas al cuestionario, su trayectoria de trabajo en el campo de los derechos humanos en organizaciones civiles, su trabajo en la academia especialmente en materia de drogas y sistemas penitenciarios, y su participación en el proceso de reinstauración de los derechos humanos con posterioridad a la dictadura, la candidata cumple con los requisitos que la Convención establece para ser integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 11

13 Douglas Cassel (Estadounidense ) Nominado por los Estados Unidos de América Douglas Cassel es profesor de derecho con una larga y distinguida carrera en derechos humanos a nivel mundial y regional, con especial conocimiento en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A. Antecedentes y Reconocida Competencia El candidato es un académico ampliamente reconocido y experto en derechos humanos y el Sistema Interamericano en particular. Desde 2005, es Profesor de Derecho y Presidential Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, y ha sido Director de su Centro para los Derechos Civiles y Humanos. Anteriormente enseñó, fundó y dirigió centros de derechos humanos en DePaul College of Law (1990 a 1998) y en la Facultad de Derecho de la Northwestern University ( ). Es graduado de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard. Sus escritos académicos se publican en prestigiosas revistas internacionales y en libros de derechos humanos y derecho internacional, tanto en inglés como en español. Ha publicado docenas de trabajos escritos que abarcan temas tan amplios como las empresas y los derechos humanos, la justicia transicional, la detención preventiva, la enseñanza del derecho internacional en los Estados Unidos, el Sistema Interamericano, la práctica, el procedimiento y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso de comisiones militares en los Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las amnistías, las reparaciones, los trabajadores migratorios indocumentados y los derechos laborales y los desafíos al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha hablado sobre estos y otros temas en todo el mundo, incluida África, las Américas, Asia y Europa, y ante una amplia gama de audiencias académicas, profesionales y judiciales. Entre ellos se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. Además de su experiencia académica, ha asesorado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y a las Naciones Unidas, y es miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue nominado por el Gobierno de los Estados Unidos y elegido por la Asamblea General de la OEA en cuatro ocasiones para servir en la Junta Directiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y ha ocupado dos veces el cargo de Presidente de la Junta. También participó como miembro ciudadano de las delegaciones del Gobierno de los Estados Unidos en las Asambleas Generales de la OEA y en reuniones de expertos gubernamentales de derechos humanos de la OEA. En , a petición del Presidente colombiano Juan Manuel Santos, sirvió para el Gobierno de Colombia como negociador de las disposiciones de justicia transicional de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y, en 2016, Colombia le otorgó la Orden del Mérito Guillermo Ferguson. También 12

14 fue Asesor Jurídico de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador de 1992 a 1993, donde fue editor principal del Informe de la Comisión. Durante sus presentaciones ante el Consejo Permanente de la OEA y la sociedad civil, el 5 de mayo de 2017, el Profesor Cassel habló en inglés y en español, presentando a este Panel material de su autoría escrito originalmente en ambos idiomas. Además, ha publicado trabajos académicos en ambos idiomas. Su cuestionario indica que también tiene la capacidad de leer en francés y portugués. Además, el profesor Cassel tiene experiencia en diferentes sistemas jurídicos, ya que ha impartido cursos en los que se comparan los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que exigen conocimientos de los diferentes sistemas nacionales, así como realizado consultorías y servido en ONGs que requieren conocimientos tanto de sistemas de derecho civil como de derecho común. En relación con los desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano, el profesor Cassel señaló en su cuestionario su falta de recursos, el retraso procesal, el incumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión, las relaciones con los Estados y la falta de transparencia. Él escribió (verbatim): Hay muchos desafíos grandes. Sin ser exhaustivo, entre los más importantes serían los cinco siguientes: falta de recursos; atraso procesal; falta de cumplimiento con las resoluciones y recomendaciones de la CIDH; relaciones difíciles con varios Estados; y falta de transparencia. En breve resumen: Falta de recursos: La CIDH nunca ha tenido recursos adecuados, y menos aún ahora, relativos a las cifras elevadas de peticiones. De ser elegido, haría el esfuerzo para minimizar los recortes presupuestarios por parte del gobierno de mi país; haría un cabildeo para que otros países, por ejemplo, Canadá, aporten más; promovería acuerdos con centros especializados universitarios de derechos humanos para colaborar en las labores de la CIDH, bajo la supervisión de la CIDH; y buscaría formas de agilizar los trámites de casos ante la CIDH y reducir el litigio y papeleo innecesario (ver abajo). Atraso procesal: Las demoras prolongadas de los casos ante la CIDH son injustas para las dos partes, sobre todo para las víctimas. En el sistema procesal actual, se necesita un exceso de papeleo, y se permite un exceso de actividad litigiosa. Una de las medidas que recomiendo es que cada Comisionada(o), o a lo menos las y los que así lo desean (yo sí), debe tener la oportunidad de revisar todas las peticiones desde un inicio cuando llegan de los países de su relatoría. Con la experiencia que tienen las Comisionada(o)s, ellos pueden y deben identificar los casos más serios y más preparados para su transmisión inmediata al Estado, sin necesidad de un reporte extenso. (Cuando hay un exceso de 13

15 peticiones para una sola Comisionada(o), se debe contar con la asistencia de uno de los abogados de mayor experiencia del equipo técnico.) Sin hablar de medidas cautelares cuando correspondan, el envío al Estado debe formular dos solicitudes: primero, que el Estado diera una respuesta inicial pronta por escrito, y, segundo, que el Estado comparezca a corto plazo ante el Comisionado(a) relator en una reunión de trabajo con la víctima o su representante. Tal reunión tendría dos objetivos. En cuanto sea factible, buscar una resolución amistosa con prontitud. En cuanto no se logra una resolución del caso entero, que por lo menos se identifican las cuestiones de hecho y derecho sobre los cuales no hay desacuerdo genuino, para que, de allí en adelante, el litigio se enfoque solamente en las cuestiones que realmente merecen debate. En los dos supuestos resolución amistosa, y acuerdosi celere sobre lo que se puede acordar el resultado debe ser un proceso más célere, y menos oneroso, tanto para las partes como para la CIDH, con menos argumentos y escritos innecesarios que en el sistema actual. Falta de cumplimiento con las resoluciones y recomendaciones de la CIDH: Estoy de acuerdo con las iniciativas positivas contempladas por el Plan Estratégico de la CIDH. Las relaciones con los Estados: Siempre que se pueda, se debe buscar una relación cordial, diplomática, abierta y constante con los Estados. Tal relación debe ser factible en casi todo momento. De ser elegido, yo buscaría una reunión periódica y frecuente con todos los gobiernos de mi relatoría, y con la sociedad civil en sus países, para analizar el panorama de temas de derechos humanos en el país, así como el portfolio de casos y recomendaciones pendientes de cumplimiento. Lo recomendaría lo mismo para los demás Comisionado(a)s. En la medida en que se pueda colaborar con los Estados y con la sociedad civil para anticipar, analizar y tomar medidas para prevenir o mitigar los problemáticos de derechos humanos en el país, se debe aprovechar de una relación positiva entre la CIDH y los actores relevantes. En estas sesiones también se podría celebrar las reuniones de trabajo sobre casos, mencionadas en el párrafo anterior. Falta de transparencia: La CIDH ha hecho un esfuerzo importante en años recientes para mejorar la transparencia de sus actividades. Sin embargo, queda mucho que hacer en este sentido. Por ejemplo, aún en el recién publicado Informe Anual para 2016, en el capítulo sexto sobre temas administrativos y financieros, no se explica cómo la CIDH utiliza sus recursos humanos por actividad. Se publica el número de personal, el monto de los ingresos y gastos, y las relatorías temáticas, pero no se muestra el número de personal, y de qué nivel profesional, dedicado a cada actividad funcional. Resulta que del Informe Anual no se puede evaluar, por ejemplo, el nivel y calidad de esfuerzo de la CIDH para superar el atraso en asuntos de admisibilidad de peticiones, versus los recursos 14

16 humanos dedicados a los informes temáticos. Sin esta y otra información, es difícil para un ajeno evaluar la idoneidad y eficacia de la utilización por parte de la CIDH de sus escasos recursos. En cuanto a su evaluación del Plan Estratégico de la Comisión, aplaudió los esfuerzos de la Comisión para elaborar el Plan, especialmente el uso de consultas en su elaboración. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de priorización de los cinco objetivos y los 21 programas establecidos en el mismo, entre otros. De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, es posible apreciar que el candidato cumple el requisito de reconocida competencia en materia de derechos humanos. B. Elevado carácter moral, independencia e imparcialidad No se encontró ningún dato público indicativo de que hubiere recibido alguna sanción o amonestación, o de mala conducta profesional. En su cuestionario indicó que no participaría en ningún caso que involucrara a clientes anteriores, casos que involucren a Estados Unidos y casos en que se alegue que las disposiciones sobre la justicia transicional, en los acuerdos de paz en Colombia son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otras normas internacionales. Además, en caso de ser elegido Comisionado, renunciaría a su trabajo en organizaciones no gubernamentales, con excepción de su calidad de miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ya que entre sus miembros hay miembros de la Comisión y la Corte. El candidato indicó que no tiene ninguna dificultad o desacuerdo con la proposición de que no deberá manifestar ni mostrar que tolera parcialidades o prejuicios en el desempeño de sus funciones, en caso de ser elegido Comisionado. C. Integración Equilibrada Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONGs de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los 15

17 Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicadura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal. Dado que los demás candidatos para la Comisión son de países de derecho civil, el profesor Cassel se uniría a la Comisionada Macaulay como segundo representante de un país con un sistema legal del common law con inglés como primera lengua. Él aporta una perspectiva principalmente académica, además de su trabajo con ONG, los clientes ante el Sistema Interamericano y como consultor de gobiernos y organizaciones internacionales. D. Proceso de Selección El profesor Cassel indicó en su cuestionario y en su presentación ante la sociedad civil el 5 de mayo de 2017 que fue invitado a presentar una solicitud para servir como Comisionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su entender, el Departamento de Estado participó en consultas informales con la sociedad civil y tal vez con expertos académicos, pero no tiene conocimiento de ningún proceso formal o preestablecido de selección de candidatos para la Comisión. E. Conclusiones Las respuestas del profesor Cassel a este cuestionario, las intervenciones en el Consejo Permanente y ante la sociedad civil el 5 de mayo de 2017, así como su historial de enseñanza y servicio en el ámbito de los derechos humanos, reflejan un conocimiento y una experiencia sustanciales en la protección de los derechos humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, el Panel considera que cumple con los requisitos para el servicio a la Comisión. 16

18 Carlos Horacio de Casas (Argentino) Nominado por la República de Argentina El candidato es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Su carrera profesional se ha desarrollado ejerciendo su profesión liberal en el ámbito del derecho penal. A. Antecedentes y Reconocida Competencia Carlos de Casas es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), en el año Tiene también un P.D.G. de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago de Chile, 1997). Ejerce la profesión de abogado de manera liberal. Según su curriculum, en el ámbito público, es conjuez de la Justicia Federal de Mendoza y ha sido asesor en materia penal y evaluador para el ingreso de candidatos a la Magistratura. Fue Director de Asuntos Penales de la Provincia de Mendoza ( ), abogado de la Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza ( ), y apoderado en Mendoza del Banco Central de la República de Argentina ( ). En el campo docente, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, de la cátedra de Derecho Penal. Ha sido docente de Derecho Penal General, Económico y Especial. Es también director del Instituto de Investigación de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Aunque su currículum señala que es miembro del Consejo Consultivo Honorario del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, ONG fundada en 2006 con estatus consultivo especial ante el ECOSOC desde 2015, en respuesta a la pregunta 12 del cuestionario, sobre posibles conflictos de interés, el candidato señala: Hace años que no ejerzo ningún cargo público, como tampoco ocupo funciones en organizaciones de la sociedad civil que litiguen o tengan intereses en el SIDH. El candidato indica en su CV que ha escrito numerosos trabajos de su especialidad, entre los que destaca el Manual de Derecho Penal. Parte General, en coautoría con Juan H. Day y Gonzalo Nazar, publicado por editorial Zavalía (Buenos Aires, 2012). El curriculum no contiene una lista de las publicaciones. En el cuestionario, de Casas se refiere a este Manual y una nota titulada: Algo más sobre el garantismo (Revista del Foro On-line, 2006). Los otros escritos a los cuales se refiere el candidato en el cuestionario son un pedido de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una solicitud de medidas cautelares presentado ante la Comisión. El Panel también tomó conocimiento de un artículo titulado Libertad de Expresión y Secreto Profesional en la Información (Algunas reflexiones sobre la desincriminación del desacato y el secreto profesional de los periodistas), publicado en Revista de la Universidad de Mendoza, Número

19 En opinión del Panel, estas publicaciones no demuestran una reconocida competencia en derechos humanos. La breve nota titulada Algo más sobre el garantismo, no aporta elementos suficientes que permitan apreciar su conocimiento y posición frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La presentación hecha por el candidato y otros dos profesionales a la Corte Interamericana pidiendo medidas provisionales a favor de tres hermanos que estaban detenidos en Uruguay (los hermanos Peirano) fue rechazada por la Corte por razones procesales, ya que el asunto estaba siendo conocido por la Comisión Interamericana. 2 Sobre el artículo, Libertad de Expresión, el Panel observa que el candidato critica la derogación de la figura penal del desacato, que se llevó a cabo en Argentina en cumplimiento de una solución amistosa acordada con sujeción a las normas de la Convención Americana. El artículo rechaza el cumplimiento por Argentina, de una solución amistosa a la que se llegó con la Comisión, quitando de este modo valor a un tipo de decisiones importantes para el sistema interamericano. Por otra parte, en el mismo artículo señala: Coincidimos en que ciertos aspectos del campo de la moral exceden el marco propio de la dogmática penal. Pero no estamos de acuerdo con la enunciación simplista del tema, puesto que de esa forma impediríamos al Derecho Penal en particular, legislar, por ej., sobre exhibiciones obsenas [sic] o al Estado en general a denegar personería jurídica a los gays (es conocido el reciente pronunciamiento de la Corte al respecto) o prohibir los casamientos y las adopciones entre personas de un mismo sexo, etc. (página 2) Cuando se le dio al candidato la oportunidad de responder a objeciones de sociedad civil, sostuvo que ese artículo es previo a los estándares del SIDH en la materia y por tanto mal podría el mismo estar en contra de ellos; dicho artículo no expresa mi pensamiento actual en la temática En sus respuestas al cuestionario, el candidato identifica seis desafíos del SIDH: 1. Generar mayor compromiso de los Estados hacia el Sistema. La CIDH debe tener una relación más fluida con los Estados. Debe utilizar su bien ganada legitimidad trabajando codo a codo con los Estados de la región. Éstos deben ver en la Comisión un organismo que no solo está para marcar los errores lo cual es necesario, sino también para ayudarlos a mejorar en sus políticas de derechos humanos. Es innegable que existe un bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones de la Comisión: solo 48 casos de 207 son un cumplimiento total (según el informe de 2016) y este número incluye las soluciones amistosas. Estos datos dejan 2 INFORME No. 86/09, para. 16, disponible en 18

20 entrever que el compromiso de los Estados con el Sistema no siempre se traduce en la práctica. Y si bien es cierto que el bajo cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales es un fenómeno global y no solo del SIDH creo que esto muestra el riesgo de que los Estados tomen a la Comisión solo como un observador externo. Ignorar el rol de los Estados en nuestro Sistema produce problemas de efectividad a largo plazo y obstaculiza que los compromisos se vuelvan visibles. 2. La demora procesal de la CIDH debe ser abordada de manera urgente. Más adelante desarrollo en profundidad este desafío particular, explicando cómo pienso que mi trabajo puede contribuir a su solución. 3. La CIDH debe ayudar a que se fortalezca el estado de derecho: por lo menos desde 1977, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado el goce de los derechos humanos a la supervivencia del sistema democrático. Es decir, sin democracia o con una democracia débil las afectaciones a los derechos humanos, por un lado, serán más frecuentes; y por el otro, serán más difíciles de reparar a nivel interno. En este esquema, el sistema interamericano de derechos humanos ha identificado tres derechos fundamentales para la supervivencia de la democracia: (i) la independencia judicial; (ii) la libertad de expresión; y (iii) el respeto de los derechos políticos. A lo largo de su historia, la jurisprudencia y la práctica de los órganos del Sistema han protegido estos tres elementos de manera consistente. Son estos derechos los que permiten que el sistema democrático se auto-mejore. En cierto sentido, la democracia tiene la característica positiva de llevar en su ADN el gen de su propia manera de perfeccionamiento. Ahora bien, para que los procesos de mejora funcionen, es preciso que no se caigan esos pilares básicos que hacen al Estado de Derecho. Un control judicial efectivo sobre las transgresiones a la ley es necesario. Para esto, se precisan jueces independientes (tanto del gobierno como de los particulares), capaces y con recursos. La libertad de expresión es básica, pues permite un control social eficaz, a través de una prensa que investiga y una sociedad civil que presiona. Por último, es fundamental que los derechos políticos sean respetados, para que las voces disidentes ejerzan su rol con eficacia, y que existan iguales condiciones de participación en el ámbito político. Un poder que no acepta la crítica termina por violar los derechos humanos. Existe otro factor, cada vez más importante en la consolidación de las democracias y el Estado de Derecho, que es la lucha contra la corrupción, 19

21 respecto de la cual la CIDH no debe estar ajena. Creo que de manera creativa, la Comisión puede convertirse en un actor relevante en este tema. 4. La tutela efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La recientemente creada relatoría DESCA es una buena decisión de la Comisión que hay apoyar y mantener. Ciertamente, hay que pensar de qué manera se trabaja en este tema, ya que no pueden obviarse los límites convencionales (que igual son ampliados por el Protocolo de San Salvador), pero existe un espacio interpretativo en el cual los DESC pueden progresar de manera rápida. 5. La universalización del Sistema Interamericano: Hay que lograr, como objetivo primordial, que cada vez más países de la OEA ingresen de manera completa y efectiva al Sistema, ratificando la Convención y aceptando la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto generará el tan deseado compromiso de los Estados miembros, que incluye pero no se limita a el apoyo financiero, redundando en beneficio de la protección de los derechos humanos de los habitantes del continente. Para lograr esto, mi compromiso es hacer, desde la CIDH, un Sistema más inclusivo para todos los sistemas jurídicos de la región cada uno con sus características propias vinculándolo con el principio de subsidiariedad. Este principio permite a los actores del SIDH una flexibilidad que facilitará la universalización. Claramente, esta postura tiene un riesgo, que es que los Estados piensen que tienen carta blanca para violar derechos humanos y sentirse avalados por la subsidiariedad. Este extremo es evidentemente negativo y yo no entiendo así a la subsidiaridad. Pero, a la vez, debe considerarse que una rigidez extrema del Sistema por ejemplo, creer que las condiciones de un país con tasas de pobreza muy elevadas son idénticas a la de los países más prósperos del continente sería nocivo. 6. Salir del estado de crisis: el problema del financiamiento. Cuando todavía se sienten los remezones de lo que se llamó proceso de fortalecimiento, la CIDH está aún procurando hacer pie firme en el continente. Hace pocos años resistió los duros embates de países que cuestionaron el Sistema, restringiendo su funcionamiento y financiamiento o como en el caso de mi propio país ausentándose de audiencias que no les complacían. En el año 2016, la CIDH estuvo a punto de despedir a la mitad de su personal por falta de fondos. Cómo generar un financiamiento duradero y consistente con la alta misión de la Comisión? Creo que la respuesta está en el punto 1: compromiso de los Estados. Son éstos quienes deben financiar a la Comisión de manera primordial. Es errado pensar que las organizaciones de financiamiento u otros Estados ajenos al SIDH, sin perjuicio de su valía, resolverán el problema. Creo 20

GENERAL (1) | Rallonge Suisse Tige de remontoir de montre Dim de 0,5 à 1,4 mm Stem extension- | Galaxy S Finder 3.000