PROYECTO PARA LA ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA


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1 PROYECTO PARA LA ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA ÚNICO DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y LAS EVIDENCIAS DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO. METHA

2 Contenido OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO... 2 INTRODUCCIÓN... 3 ANTECEDENTES... 7 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA Violencia Feminicida Personas desaparecidas Violencia institucional y victimización secundaria (re victimización) Marco jurídico Fuentes jurídicas de origen internacional Fuentes jurídicas de origen interno METODOLOGÍA REPORTE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Implementar acciones establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que permitan atender cabalmente las medidas de prevención, justicia y reparación. 2

4 INTRODUCCIÓN En las condiciones actuales de la sociedad mexicana, es necesaria la concientización general acerca del impacto de la violencia de género y las circunstancias en que se manifiesta. Dicha concientización debe ocupar a la administración pública, ya que esta es la encargada para garantizar la armonía, la paz y la justicia desde el estado de derecho, para cada uno de los sectores y poblaciones que integran a nuestra sociedad. Los diferentes sectores de la administración pública y el gobierno deben entender que la sociedad mexicana se compone de grupos diversos, cuyas condiciones en muchos casos, son de desigualdad con relación al acceso de oportunidades e impartición de justicia. Ello los convierte en víctimas vulnerables, en especial cuando se trata de delitos violentos. En seguimiento al análisis de la situación que viven las mujeres en la entidad y después de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en los índices actuales de violencia cometida en contra de las mujeres, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) determinó la pertinencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (en adelante, AVGM). Concretamente, la AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que tiene como objeto desplegar una serie de estrategias de carácter emergente para atender y erradicar la violencia feminicida que coarta el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en un contexto físico determinado. En ese tenor, resulta relevante promover las condiciones necesarias para proteger a mujeres y niñas, ya que como se ha constatado, se encuentran en situación de vulnerabilidad, siendo susceptibles de ser víctimas de violencia feminicida. Cabe destacar, que esta violencia, puede ser ejercida no solo por parte del agresor, sino por las mismas instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia, esto debido a que frecuentemente existen problemáticas asociadas a la falta de formación especializada y constante actualización por parte del personal que labora en dichas instituciones lo que repercute seriamente en el acceso a la justicia de las víctimas. 3

5 Considerando esta situación, el Estado Mexicano ha promulgado legislaciones oficiales que establecen políticas públicas de vida para promover una vida libre de violencia, además, se han diseñado protocolos de intervención para combatir este fenómeno. Si bien, esto representa un avance significativo en la atención a las víctimas de violencia de género, se precisan de acciones constantes y profundas para poder solventar de manera real esta problemática estructural que afecta gravemente a nuestra sociedad. Tal como lo establecen los instrumentos internacionales garantes de los derechos humanos de las mujeres y niñas, es apremiante en dirigir los esfuerzos en capacitar en materia de perspectiva de género y derechos humanos para el reforzamiento de las instancias involucradas y su personal para lograr que mujeres y niñas gocen plenamente de sus derechos y así poder aspirar a una sociedad más justa y equitativa. En consonancia con el objetivo de garantizar seguridad a las mujeres y combatir la violencia feminicida (Diario Oficial de la Federación, 2007) se han establecido un conjunto de acciones desde el levantamiento de la AVGM dirigido a los municipios de: Tecomán, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, así como Manzanillo. Trazar estrategias de prevención, vigilancia y seguridad son ejemplos de las mismas y se han materializado, al menos parcialmente, con la instalación de 32 unidades de atención a la violencia de género y del Sistema Municipal de Igualdad de Cuauhtémoc, el fortalecimiento del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, la presentación del Plan de Patrullaje Preventivo en el Municipio de Colima, la atención vía telefónica a mujeres víctimas de violencia, etcétera, (Instituto Colimense de las Mujeres, 2018). En ese sentido, la Fiscalía General del Estado abraza el objetivo de colaborar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los colimenses, además de contribuir a la seguridad pública, prevención del delito y procuración de justicia (Fiscalía General del Estado de Colima, 2018). El alcance de estas directrices debe reflejarse en el servicio prestado por su personal, cuya función, requiere que también observe los lineamientos de trabajo desde el marco de la declaratoria de AVGM, tal como sugiere la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMLV) en su artículo 25, fracción III, inciso b. (SEGOB, 2017). Lo anterior además de fundamentar, da mayor impulso a la tarea de formar y/o reforzar el quehacer de la o el servidor público en esta materia, ello con el fin que en la ejecución de sus 4

6 funciones de cumplimiento al mismo de manera profesional ante la violencia feminicida que afecta al estado. De manera específica, el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Colima (AVGM) señala, en su cuarta conclusión, la necesidad de implementación de programas de capacitación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género debido a la carencia de conocimientos especializados en la materia y el uso reiterado de estereotipos y prejuicios por parte de servidores y servidoras públicas en la atención a mujeres y niñas víctimas. Así, para atender a la recomendación específica de implementación de capacitación emitida por el Grupo de Trabajo, el gobierno del Estado de Colima elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de formación y capacitación para el personal de dependencias de Administración Pública Estatal encargadas de atender a mujeres y niñas en situación de violencia. A partir de este diagnóstico pudieron identificarse cinco ejes rectores para el diseño de capacitaciones, entre estos ejes se encuentra, la procuración de justicia. Bajo esta tesitura y con el objetivo de dar cumplimiento con las recomendaciones derivadas de la Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que le corresponde, la Fiscalía General del Estado de Colima diseñó un Programa Único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y feminicidio (en adelante, Programa Único) en colaboración con la consultora Metha. En conclusión, el Programa Único forma parte de las acciones que el Estado de Colima ha tomado a partir de la activación de la AVGM en 2017, siendo que el presente programa obedece a las recomendaciones previamente realizadas. Cabe destacar, que los contenidos planteados se elaboran a partir de la revisión exhaustiva del estado y de la cuestión, es decir, de los avances científicos recientes sobre los temas a abordar y de las buenas prácticas contenidas en instrumentos internacionales, observaciones, recomendaciones y sentencias dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también informes y opiniones de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Por otro lado, resulta invaluable valorar el programa de manera continua a lo largo de su desarrollo e implementación, con la finalidad de 5

7 advertir áreas de mejora y realizar las adecuaciones necesarias que promuevan la óptima implementación. 6

8 ANTECEDENTES A nivel nacional, partir de la sentencia emblemática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima, del año 2015, las autoridades judiciales deben investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio. Lo anterior, representa un gran avance en materia de justicia y visibilización de las condiciones estructurales que se asocian con la violencia que sufren las mujeres, mismas que no son equiparables para los casos de violencia que sufren los hombres; sin embargo, también ha representado un gran reto en distintos niveles, principalmente por la resistencia cultural y el rezago técnico y metodológico que supone investigar delitos y atender a víctimas de manera científica, con perspectiva de derechos humanos y de género. El Programa Único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y feminicidio, asume la necesidad capacitar a las y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Colima. Este esfuerzo deriva de las recomendaciones emanadas del Informe del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de AVGM para esta entidad. Las mujeres que conforman la mitad poblacional del país, y son objeto de formas particulares de maltrato, han transitado por la violencia física, emocional y sexual, mismas que muchas veces tienen un vínculo con la pobreza, la marginación, la explotación económica y la impunidad. Para Amorós y Cobo (Castañeda, Pérez y Ravelo, 2013) a la violencia de género subyacen condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas que vinculan procesos macro sociales con la subordinación dentro de las conexiones e interacciones de la vida diaria, así como con una dimensión micro social, de tal modo que la mujer experimenta sus circunstancias como individuales y no compartido con otros. Lo anterior, ha movilizado esfuerzos contra la lucha de género mas allá de la esfera personal, como las relaciones de pareja o familiares, y prestando atención a órbitas más amplias como la política. 7

9 La expresión última y más cruel de la violencia de género lo constituye el feminicidio, término acuñado por Jill Radford y Diana Rusell como: el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres (Sic) (en Albarrán, 2015). En México, esta palabra es retomada por Marcela Lagarde, quien planteó la discusión sobre la importancia de la prevención, el tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género. En la realidad, diferentes son los escenarios en donde tienen ocurrencia los feminicidios, en casa, transporte público, calles, lugar de trabajo. Por otro lado, y según la Organización Mundial de la Salud, los esposos conforman el 38 por ciento de los agresores (Excélsior, 2017), aunque también figurando parejas sentimentales, compañeros, desconocidos. Si se habla de números, en los últimos 10 años, es decir, entre el 2007 y 2016, en promedio cada cuatro horas se dio muerte a una niña, joven o mujer adulta a través de diferentes modalidades: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, degollamiento, ya sea quemadas, apuñaladas o por medio de arma de fuego. Se contabilizaron 22,482 mujeres en las condiciones ya enlistadas. Esto significó un aumento en el grueso de carpetas de investigación iniciadas, aunque en una cantidad que no corresponde al número de las víctimas pues fue numéricamente menor, a saber, 2,735 (Excélsior, 2017). Durante toda la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa sucedieron 12,308 muertes violentas de mujeres, mientras en los cuatro primeros años del presente mandato se registraron 10,174 decesos por muerte violenta. En lo que va del año hasta principios de agosto de 2018 en el país se registraron 387 feminicidios; a nivel nacional Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Sinaloa representaron el 51.1 por cierto de la totalidad de los casos. Quedando fuera de este listado, Colima no se descarta como puntero de muertes violentas contra mujeres con 7 casos en la presente anualidad (El sur. Periódico de Guerrero, 2018), ello con independencia de la comparativa hecha con las otras entidades ya mencionadas respecto a la misma problemática. Tan es así que, dado el clima de violencia en cuestión de feminicidios, se emitió la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Colima (Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y Fundación IUS Género. (s/f); tal petición fue admitida en enero de 2015 considerando los 8

10 artículos 33 y 35 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Secretaría de Gobernación, 2015). En este punto es imprescindible referir que la AVGM es un conjunto de maniobras que el gobierno adopta ante la emergencia de enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un espacio geográfico determinado, ya sea perpetrada por un individuo o por la comunidad (Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2011). Posterior a la petición y su respectiva admisión, se convocó a representantes institucionales, así como expertos en la materia para conformar el Grupo de Trabajo observando lo dispuesto en el artículo 36, en sus fracciones IV y V del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia (Secretaría de Gobernación, s/ f). De la actuación del Grupo de Trabajo, se desprendieron recomendaciones con las que la Fiscalía General del Estado de Colima se compromete, y que vale la pena señalar. En este sentido, el Grupo de Trabajo encontró, imperativo realizar un diagnóstico en torno a las necesidades específicas de capacitación de aquellos órganos que asuman la tarea de atender, procurar e impartir justicia a las mujeres víctimas de violencia, y elaborar programas orientados a este fin (Grupo de trabajo, s/f). De este modo, el Programa Único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y feminicidio, busca fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos para llevar a cabo su quehacer desprovisto de estereotipos y prejuicios de género. Paralelamente, se consideró el impacto que del contacto con casos de mujeres víctimas de feminicidio y de las víctimas indirectas pueden tener en las servidoras y servidores públicos, por lo que se estimó fundamental contemplar la contención emocional para dicha población. De este modo, se hizo extensiva la recomendación que el Grupo de Trabajo dirigió a las personas que integran las instancias de atención de las mujeres víctimas de violencia en su sexta recomendación. Otro punto relevante que fue señalado por el Grupo de Trabajo es la trascendencia de reparar en los artículos comprendidos del 35 al 44 de la Ley para la Prevención y la Atención a la Violencia Intrafamiliar relativas a la tramitación, solicitud y seguimiento de las órdenes de 9

11 protección. Desde esta perspectiva, Programa Único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y feminicidio pretende fortalecer la actuación de las y los servidores públicos en tal cuestión, añadiendo el curso respectivo. El Programa Único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia de género y feminicidio se concibe entonces bajo la necesidad de capacitar a las servidoras y los servidores públicos que forman parte de la Fiscalía General del Estado de Colima, la cual responde al llamado de manera comprometida. Dar seguimiento y evaluar sus efectos también serán primordiales para guiar la labor de esta misma institución y consolidar sus esfuerzos en la prevención de la violencia de género, y en última instancia hacer frente al feminicidio, atendiendo así a la declaratoria de AVGM en el estado de Colima. Esta labor toma como referencia estándares internacionales, nacionales, normativos, científicos y sin perder de vista la perspectiva en derechos humanos y de género. 10

12 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA Históricamente la violencia, en sus múltiples facetas, ha tenido una función estructuradora y organizadora de las sociedades humanas. Los distintos estratos y jerarquías se ordenaron, y aún lo hacen, a través de prácticas opresoras basadas en la dominación y el poder. La lógica de la desigualdad ha sido la base operativa de múltiples formas de relación e interacción entre personas y entre personas e instituciones. No es difícil advertir la gran cantidad de elementos discursivos que justifican la desigualdad, desde luego discursos de quienes ostentan más poder y gozan de privilegios a costa de aquellos a quienes consideran diferentes y por tanto inferiores per se. Así tenemos que, actualmente, nos encontramos en un periodo histórico de transición global encaminado hacia el surgimiento de un nuevo orden social, un cambio de paradigma cultural basado en el reconocimiento, respeto y ampliación de los Derechos Humanos en el marco de estados democráticos. En palabras de Marcela Lagarde (1996), el antiguo orden, aún vigente en distintos niveles, considera naturalmente desiguales a quienes solo son diferentes. En términos de género a lo largo de la historia ha imperado una visión supremacista del hombre y de lo masculino basada en una dogmática dominación opresora. Esta posición de poder nómina y denomina lo que es valioso y deseable construyendo sistemas de símbolos e interacciones que excluyen a las mujeres invisibilizándolas al asignar connotaciones negativas a lo femenino y estableciendo roles de género, que al estar basados en una relación dominación/opresión favorecen en el poder a los hombres y subsumen a las mujeres a la voluntad de estos primeros. Naturalmente que estas condiciones genéricas de relación exponen a las mujeres a la violencia de los hombres siempre que estás no asuman la posición que culturalmente se ha impuesto a su condición genérica, violencia que en la representación social es un atributo natural e inherente al hombre y símbolo de lo masculino. Pero el género no es la única condición que puede volver estructuralmente vulnerables a las mujeres, y en desventaja con relación al grupo social dominante. Otras categorías como la clase social, la edad, la etnia y/o la raza, son características que simultáneamente las mujeres pueden compartir con otros sectores tradicionalmente marginados, que para el nuevo orden constituyen sectores emergentes, pero que aún enfrentan enormes dificultades para ser vistos y reconocidos como iguales en la representación social. 11

13 Esta falta de reconocimiento a la igualdad, consciente o inconsciente, en mayor o menor grado, también sesga el acceso a la justicia. Principalmente, cuando el tema se plantea en relación con el hombre, debido a que en el paradigma tradicional la relación de dominancia/ opresión es natural, y la violencia en cualquiera o todas sus manifestaciones tiene una función estructurante de la relación. Por esta razón en el orden tradicional se normaliza el hecho de que una mujer que se desapega de su deber para con el hombre sea violentada. La violencia de género daña las vidas y el mundo de las mujeres y es ejercida desde cualquier sitio y con cualquier objeto material o simbólico que pueda causarles tortura, daño y sufrimiento. Las repercusiones de la violencia a las mujeres son variadas e incluyen desde la lesión de su integridad como personas, la pérdida de libertad (de posibilidades), hasta la pérdida de la vida. Es evidente que la finalidad de la violencia de género cumple funciones políticas para lograr la dominación de las mujeres y mantenerla cada día, al debilitar a las mujeres y menguar así su capacidad de respuesta, de defensa y de acción. La violencia genérica produce en cantidad de mujeres uno de los recursos más importantes del control patriarcal: el miedo. (Lagarde, 1996). En relación con lo anterior los Derechos Humanos surgen de la necesidad de reorganizar las relaciones sociales y las prácticas culturales entre los ciudadanos y entre estos y el estado a través de sus instituciones, con el objetivo de equilibrar el poder, y construir relaciones democráticas entre géneros evitando y sancionando a la violencia como elemento organizador de las relaciones entre personas. Violencia Feminicida La Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia define a la Violencia Feminicida como: La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 12

14 impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Russell y Radford (2006) establecen que el término feminicidio hace referencia a la construcción social de los crímenes de odio contra las mujeres que representa la culminación de la violencia de género, así como a la impunidad que es inherente a ellos. Es decir, el feminicidio no hace referencia al sexo de la víctima que es privada de la vida, hace referencia a que las razones y motivos que condujeron a su ejecución son productos culturales de la forma en la que las condiciones de género establecen que son las relaciones entre hombres y mujeres que para este caso culminan en el exterminio de la mujer como muestra máxima de dominio. Para el estado el tema del Feminicidio debería implicar una doble responsabilidad: primero porque es el resultado incapaz de proteger el bien jurídico tutelado por éste mas esencial que es la vida, y en segundo porque no está garantizando condiciones de igualdad social como titular de la fuerza pública. En un esfuerzo democrático por equilibrar las relaciones de poder y garantizar la igualdad procesal para las víctimas primarias y/o secundarias, así como el derecho de acceso a la justicia, todos los casos de muertes de mujeres deberían ser investigados científicamente bajo la hipótesis de feminicidio, y en un ejercicio Popperiano, solo reformular la hipótesis hasta que se demuestre con evidencia que ésta es falsa y la línea de investigación se vuelva insostenible. Solo de esta forma podremos librarnos del sesgo de confirmación que pervierte las investigaciones. Es difícil encontrar razones de género en un delito donde una mujer ha perdido la vida si no se están buscando, peor aún si no se utiliza el lenguaje adecuado ni siquiera se puede pensar en esta posibilidad. Personas desaparecidas La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 13

15 (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que las desapariciones forzadas consisten en: El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley Las desapariciones forzadas de personas representan una amenaza social similar en magnitud a otros delitos que comete el estado como lo es la tortura. En ambos casos se trata del estado infringiendo violencia y terror en la sociedad para poder manipularla y controlarla de acuerdo con la doctrina política del shock, es común que las desapariciones forzadas de personas incluyan tortura y en algunos casos la muerte. Es importante destacar en este momento que una vez más estamos hablando de una relación de violencia/poder y dominación/opresión, en esta ocasión infringida por el estado sobre la población civil. Naturalmente que esto es mas frecuente en órdenes sociales autoritarios y dictatoriales donde el paradigma del poder está dogmáticamente concedido al estado. Sin embargo, según Amnistía Internacional (2015) entre 2012 y 2014 ocurrieron cerca de 10,000 desapariciones forzadas en México de acuerdo con cifras oficiales. En este sentido, el escenario para las mujeres en general es doblemente desventajoso; cuando se combinan la normalización cultural de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres con la normalización política de la violencia que ejerce el estado sobre la sociedad civil. Recordemos que el delito de desaparición forzada incluye también la negación del mismo y la obstaculización de la investigación en general. En relación con esto Amnistía Internacional en su informe para la ONU enumera las principales deficiencias del sistema de justicia mexicano con relación al tema de desapariciones forzadas y principales pendientes en la agenda de transformación del mismo: 14

16 La impunidad imperante en la gran mayoría de los casos, que no disuade a los responsables de seguir perpetrando desapariciones y secuestros, y por tanto pone a mas personas en peligro. La falta de recursos, protocolos y mecanismos efectivos de búsqueda que puedan tomar medidas urgentes desde el momento en que se produce una desaparición o secuestro. La falta de reparación para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada y sustracción por parte de particulares, que agrava el sufrimiento de miles de familias en todo el país. La falta de voluntad política desde las mas altas instancias federales y estatales para lograr estos objetivos y otros importantes resultados. Violencia institucional y victimización secundaria (re victimización) En este punto, es necesario realizar una precisión importante, debido a que por su naturaleza, tanto en el feminicidio y las desapariciones forzadas de personas no es posible contar con la víctima directa o primaria por obvias razones, es en los familiares, quienes para la legislación Mexicana son considerados como víctimas indirectas de los delitos de acuerdo a la Ley General de Victimas (2013), en quien recae el deber del estado a través de las Fiscalías Especializadas y Ministerios Públicos de hacer justicia. En este sentido, los familiares y personas cercanas a las víctimas directas de feminicidio y desaparición forzada constituyen valiosísimas fuentes de información. Sin embargo, los familiares y otras víctimas indirectas de estos delitos no deben ser consideradas ni tratadas por los agentes de investigación como recipientes de información o evidencia de los cuales pueden disponer cuando y como lo necesiten según sus interés o necesidades de investigación. Es importante hacer énfasis en la dignificación de todas las personas que participan en procesos judiciales y principalmente de quienes son víctimas. En parte el sistema de justicia se ha reformado en México para empoderar a las víctimas y pasar de considerarlas objetos pasivos a sujetos activos con 15

17 derechos. Cuando la relación entre las personas y el estado, en este caso víctimas e instituciones de justicia, está desproporcionada a favor del estado y se puede decir que la población es altamente vulnerable a una realidad conocida como violencia institucional. La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (2007) en su artículo 18 define a la violencia institucional como: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Esta violencia institucional puede ocurrir por diversas razones que van desde la ignorancia y falta de preparación profesional de los operadores, en este caso del sistema de justicia, excesiva burocratización, falta de empatía, hasta instrucción de autoridades para obstaculizar deliberadamente el proceso en algunos casos. Independientemente de cuál sea la causa o si son todas las anteriores, este tipo de relación desproporcionada provoca efectos en las personas que acuden en busca de justicia, a estos efectos se les conoce como victimización secundaria. Entenderemos como victimización secundaria a todas aquellas consecuencias negativas de orden psicológico, jurídico, económico y social que una víctima del delito (victimización primaria) padece a consecuencia de su relación con las instituciones públicas a las que acude buscando justicia (Soria, 1998). La experiencia puede ser muy frustrante y desalentadora principalmente cuando la o las víctimas, en este caso, los familiares en calidad de víctimas indirectas depositas su confianza y expectativas en las instituciones públicas de justicia que, debido a la burocratización, y/o politización despersonalizan consciente o inconscientemente la atención para aquellos quienes han sido despojado de sus familiares, de su dignidad, de sus derechos y hasta de su futuro. Landrove Díaz (1998, citado por Arrieta, 2104) menciona que las víctimas pueden experimentar por parte de la policía y otras profesiones del sistema de justicia, falta de empatía, incomprensión, desinterés, incredulidad y hasta ser tratados de manera acusatoria o 16

18 criminalizante. Estas situaciones pueden ocurrir a lo largo de distintas fases del proceso penal o en todas ellas; desde la denuncia, toma de declaración, evaluación pericial, preparación, juicio, etc. No es poca cosa decir que es necesario contar con instrumentos, protocolos, y manuales de procedimientos que reúnan buenas prácticas de actuación para los operadores del sistema judicial que garanticen el respeto a los derechos de las víctimas, prevengan la segunda victimización, esclarezcan los hechos y hagan justicia a los ofendidos y las ofendidas. Estamos hablando del deber de la función pública en los estados democráticos, el funcionamiento de los sistemas penales es reflejo de los valores de una nación en su conjunto. Marco jurídico El 10 de junio de 2011, se realizó la reforma constitucional más importante para nuestro país en materia de derechos humanos (DDHH), ya que se reconoció en su artículo 1, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ubicando a los tratados internacionales firmados y ratificados por México como rango constitucional, favoreciendo así la protección más amplia para las personas que conforman el Estado Mexicano. A partir de esta reforma, los DDHH se vuelven eje central en la impartición de justicia, ampliando las vías para los operadores y operadoras que deberán respetarlos, protegerlos, garantizarlos y satisfacerlos. Armonizar nuestras leyes constitucionales con las internacionales es un paso fundamental para cumplir con una de las tantas obligaciones pactadas al adherirnos a los tratados internacionales. Fuentes jurídicas de origen internacional Los tratados internacionales, que se constitucionalizan y son relevantes para el planteamiento de este manual, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son aquellos que hacen precisiones en torno a la situación de desigualdad a la que han sido sometidas las mujeres de manera histórica donde se han violado consistentemente sus derechos humanos y sobre las desapariciones forzadas. 17

19 Estas convenciones han permitido, la generación de leyes y protocolos de investigación y actuación en México a tono con las obligaciones derivadas de las ratificaciones, como son la prevención, sanción y erradicación, que se revisarán más adelante. Es fundamental, para el desarrollo de este proyecto, contextualizar los problemas desde el panorama internacional de los DDHH, para poder argumentar la necesidad de dar una atención especializada a las personas que acuden a los órganos de justicia, por situaciones de desaparición y muertes violentas de mujeres, garantizando durante todo el proceso un trato digno, el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas y la reparación del daño. Los ordenamientos jurídicos aplicables en estos temas son muy amplios, basta con revisar el marco jurídico del Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de México, que incluye una larga lista de ordenamientos del Sistema Internacional, Sistema Interamericano, leyes federales y leyes estatales. Al igual, ocurre con el tema de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para fines prácticos y de contextualización, se describirán cuatro convenciones consideradas clave, para el entendimiento de estos problemas: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará". Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" son los instrumentos internacionales pactados por México, en los que se establecen los principios que deben seguir los Estados parte para hacer frente a la situación de discriminación y de violencia contra las mujeres. La CEDAW (por sus siglas en inglés), está conformada por 30 artículos, que buscan erradicar la discriminación contra las mujeres en torno a la vida política, económica, social, 18

20 cultural y civil o en cualquier otra esfera, a través de medidas legislativas, políticas públicas, modificación de los patrones socioculturales y medidas espaciales temporales para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres garantizando su pleno desarrollo. En su artículo 1 la CEDAW define la discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales [ ] Afirma en su artículo 2, entre otras, [ ] la necesidad de una protección jurídica efectiva contra todo acto discriminatorio incluyendo aquellos realizados por las autoridades e instituciones públicas y derogar o modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra éstas. Este artículo es fundamental y debe ser interpretando en relación con los hechos que hacen explícita la falta de acceso a la justicia de las mujeres por cuestiones de discriminación basada en estereotipos, tal como lo menciona el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que enuncia en su justificación: La persistencia de actos jurídicos y prácticas que disminuyen la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, que valorizan de forma inferior el trabajo de la mujer y los roles que tradicionalmente le han sido asignados; los comportamientos sociales, familiares y laborales esperados en las mujeres; la negación de las múltiples composiciones de las familia, y la violencia familiar, están basados en un imaginario social que parte de estereotipos de quienes administran e imparten justicia, al no detectarlos y cuestionarlos, reproducen. Esta reproducción de estereotipos por parte de las personas que administran e implementan la justicia ha generado dificultades al momento de la puesta de las denuncias, investigaciones y reparaciones para las mujeres víctimas de violencia y desapariciones, y 19

21 obviamente para aquellas criminalizadas por delitos como el aborto y otros; pues son atendidos desde una perspectiva androcéntrica. Aunque este protocolo no sea vinculante, el objetivo es que las juzgadoras y juzgadores, así como las operadoras y operadores del sistema de justicia identifiquen: Los impactos diferenciados de las normas. La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo con los roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres. Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad sexo y/o género. La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones. La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias. Se requiere pues, que el sistema de justicia mexicano reconozca las dificultades que representa para las mujeres acceder a un derecho básico, el acceso a la justicia, sin ser discriminadas y hacer uso de la perspectiva de género en todos los asuntos que las involucren, por parte de las y los aperadores del sistema de justicia. Para las mujeres, desde el marco internacional de los DDHH, no sólo se ha considerado que la discriminación viola su derecho a la igual y el respeto de su dignidad humana, sino que, además, estas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres han generado un contexto de violencia a la que han sido sometidas violando sus libertades fundamentales y con ello impidiendo el ejercicio de éstas. La Convención Interamericana de Belem do Pará, está conformada por 25 artículos, que tienen la finalidad de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En ella se hace mención de: La violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional edad o religión. 20

22 Y en su artículo 1, define: Para efectos de esta convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, en su artículo 2 sobre los tipos de violencia y los contextos en los que se presenta, en el inciso c, menciona: Incluida la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. En su artículo 7, se hacen explícitos los deberes de los Estados: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 21

23 f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. En el caso del Estado Mexicano, existen dos precedentes fundamentales cuando hablamos de muertes violentas de mujeres y las negligencias, omisiones y complicidad de las autoridades que han impedido el derecho al acceso a la justicia, en el que se violaron los ordenamientos internacionales de la presente convención; tal es el caso, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras ( Campo Algodonero ) vs. México, sobre las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez y más reciente, la sentencia del caso Mariana Lima Buendía dictada por la SCJN, donde no sé realizó la investigación de su muerte bajo la línea de homicidio existiendo antecedentes de violencia sufrida constantemente por parte de su esposo. Como se menciona en el párrafo 213, 215 y 218 del amparo en revisión 554/2013 lo siguiente: 213. esta Primera Sala observa que existieron, por diferentes personas adscritas tanto a las diferentes fiscalías como a la propia Procuraduría, varias omisiones, inconsistencias, falencias que más allá de la negligencia, constituyen un intento de ocultar la verdad de los hechos, en una clara violación al acceso a la justicia La falta de medidas mínimamente razonables por parte de las diferentes institucionales del órgano investigador en el presente caso son consistentes con los elementos que el propio Protocolo de actuación estatal que se debió haber aplicado en la investigación destaca como invisibilizadores y disimuladores de la violencia contra la mujer, y en específico, respecto de las muertes de mujeres, a saber, el silencio, la omisión, la negligencia y la 22

24 complicidad, (lo cual) genera impunidad que ( ) niega justicia para las víctimas En relación con las anteriores irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones es importante destacar que, de conformidad con la sentencia interamericana en el caso Campo Algodonero vs. México, la impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia. Además, la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. Estas sentencias emblemáticas han permitido, señalar las fallas de un sistema de justicia mexicano que sigue negando, por situaciones de discriminación y normalización de la violencia, el acceso efectivo a la justicia, advirtiendo la necesidad de juzgar con perspectiva de género la muerte violenta de una mujer. Entorno al problema de las desapariciones, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF) cuenta con 45 artículos que tienen el objetivo de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales [..]teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [..] Y en su artículo 1 hace explícito que: 1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. Define como desaparición forzada a: 23

25 El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. (En su artículo 2 ) En el resto de los artículos menciona la obligación de los Estado Partes en las determinadas situaciones y las garantías que debe ofrecer a las víctimas. Además, en su artículo 24 parte 1, establece como víctima a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Y en este mismo artículo en la parte 3, establece que Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación en las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos así como: Velar por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización raída, justa y adecuada (parte 4). Y finalmente (en cuanto a fuentes jurídicas internacionales) se encuentra la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) que consta de 22 artículos que tienen el objetivo de contribuir a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el hemisferio y constituir un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. La cual en su artículo 1 explicita que: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; 24

26 casos: PROYECTO PARA LA ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesario para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Y define en su artículo 2 como desaparición forzada a: La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes En los siguientes artículos se exponen algunas de las obligaciones del Estado en estos Artículo 3 : Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Artículo 11 : Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades, y Artículo 12 : Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores. 25

27 Fuentes jurídicas de origen interno Atendiendo a las anteriores fuentes jurídicas de origen internacional, el poder ejecutivo en México se ha encargado de decretar documentos nacionales, los cuales, con lineamientos más específicos, aterrizan los compromisos ya adquiridos en los instrumentos internacionales. Visibilizando más la problemática y señalizando las obligaciones de cada una de las autoridades del país, así como las acciones que deban emprender con el fin de lograr los objetivos ahí establecidos. Es por ello que, para el presente abordaremos los siguientes ordenamientos jurídicos: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Ley General de Víctimas. La Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación, reconociendo en su artículo 9º, que una de las formas en las que ésta se presenta es impidiendo o limitando el acceso a la procuración e impartición de justicia; tomando esto en cuenta, se reconoce entonces como obligación del consejo encargado de procurar la prevención y eliminación de la discriminación, sensibilizar, capacitar y formar a servidoras públicas y servidores públicos en materia de no discriminación, como lo explicita el artículo 20 de ésta Ley. Así mismo, siendo el grupo de las mujeres como uno de los más vulnerables, en cuanto a discriminación y otras violaciones a sus derechos, en el 2006 se expide la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres, en la cual se encuentra como un objetivo de la Política Nacional, la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres, objetivo tácito en el artículo 39 de ésta. Además, en su artículo 30 menciona que se busca también una política Nacional que pueda erradicar las distintas Modalidades de Violencia de Género; reconociendo en él una serie de medidas necesarias para lograr estos objetivos. 26

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